La economía peruana pasa por uno de sus peores momentos y ocurre lo mismo con la recaudación tributaria. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reportó que en ocho de los nueve meses transcurridos este año se registraron caídas consecutivas de hasta -26,8% en el ingreso del pago de impuestos, respecto al año pasado.

El exjefe de Sunat, Luis Arias Minaya, explicó que esto se traduce en el recorte de gastos del Estado para atender las necesidades básicas de la población. En otras palabras, esto implica que el país tenga menos recursos para los sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, y más aún en un año en que está presente el fenómeno El Niño.

El principal factor de la baja recaudación tributaria se debe al proceso de recesión económica que atraviesa el país, según coinciden los especialistas consultados por OjoPúblico para este informe; ya que a menor actividad económica, hay un menor pago de impuestos.

“En un país que su economía se contrae o desacelera significa que es un país en donde se gasta menos, se consume menos, se invierte menos, se produce menos y se genera menos ganancia. Eso se refleja en la recaudación de todos los niveles, tanto en las familias que consumen menos e impacta en el Impuesto General a las Ventas (IGV), como las empresas que producen menos y pagan menos Impuesto a la Renta”, explica Armando Mendoza, economista asociado del Grupo de Justicia Fiscal.

Este desolador panorama económico se podría extender por unos meses más, pues economistas y consultoras auguran la caída del Producto Bruto Interno (PBI) por tercer trimestre consecutivo. Sumado a ello, se avisora que la pobreza aumentará por segundo año consecutivo este 2023.

En este contexto, cobra mayor relevancia para el Estado hacer efectivo el cobro de millonarias deudas tributarias que tienen en litigio las grandes empresas desde hace décadas. Al cierre del 16 de agosto de este año, la deuda tributaria total de los Principales Contribuyentes (Pricos) asciende a S/22.159’796.368, según información a la que pudo acceder OjoPúblico mediante una solicitud por el Portal de Transparencia de Sunat.

Dicho monto es una suma considerable, tomando en cuenta que equivale al 10% del presupuesto público previsto para el año 2024. También es equivalente a casi cuatro veces el presupuesto planteado para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para atender a las poblaciones vulnerables, e incluso supera a todo el presupuesto destinado para el sector Educación, estimado en S/18.000 millones para el próximo año.

Sin embargo, del total de esta deuda, la Sunat solo está facultada a cobrar apenas el 0,8% —S/171’500.000— que son las deudas exigibles en cobranza coactiva. El 99,2% restante se encuentra en litigio.

Luis Arias Minaya atribuye que otro de los factores que influyen en la menor recaudación tributaria este año es el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la condonación de intereses moratorios, ya que justamente incentiva a que las grandes empresas no paguen sus deudas, y más bien “alarguen indefinidamente los litigios y debilita la tarea de la administración tributaria”.

La Sunat también, en sus reportes mensuales, destaca como un factor negativo para la recaudación, la Ley N° 31556 —aprobada por el Congreso en agosto del año pasado— que reduce de 18% a 8% el IGV para los restaurantes y hoteles mypes.

Es preciso recordar que hace dos semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el organismo internacional de 38 países de economías más avanzadas y prósperas —al que Perú desea integrar—, advirtió que nuestro país es el que menores ingresos tributarios registra en Latinoamérica, e instó a priorizar una reforma fiscal.

TIEMPOS DIFÍCILES. Las perspectivas económicas de Perú para lo que resta del año, según los economistas, no van a mejorar.

Las grandes empresas con más deudas

Para entender en qué proceso está la deuda de cada empresa, es importante comprender los términos tributarios y todas las instancias en las que se encuentran.

El exjefe de Sunat, Luis Arias Minaya, explica que, en primer lugar, una deuda es notificada y se da 30 días de plazo para impugnar. Luego de ello, si la empresa no está de acuerdo, pasa a ser una “deuda en litigio”, inicialmente como monto “reclamado”.

Luego, esta deuda puede ser apelada por la empresa, que sigue sin estar de acuerdo con el pago y primero lo resuelve la Sunat. Si la controversia continúa, esta pasa a instancias del Tribunal Fiscal.

El Tribunal fiscal resuelve la controversia luego de un análisis, y si le da la razón a la Sunat y ordena a la empresa pagar su deuda, esta última puede presentar una demanda ante el Poder Judicial si persiste en no está de acuerdo, la cual vendría a ser la última instancia.

Telefónica del Perú S.A.A. lidera, desde hace varios años, la lista de las empresas con más deudas tributarias pendientes al arca peruana. Al 16 de agosto del 2023, el monto asciende a más de S/5.281’250.584.

Esta millonaria deuda lleva dos décadas en controversia y representa casi la cuarta parte (23,8%) del total de la deuda de los principales contribuyentes, que suma S/22.159’796.368.

El total adeudado por la multinacional española de telecomunicaciones está en litigio: un monto de S/453’232.039 está apelado ante la Sunat, otro monto de S/528’231.034 se encuentra en instancias del Tribunal Fiscal, y el gran grueso de S/4.299’787.511 figuran como demanda ante el Poder Judicial.

Es preciso señalar que dentro de este último monto judicializado, están incluidos los S/3.000 millones que —en enero de este año— la Corte Suprema ordenó a Telefónica pagar a Sunat respecto de una controversia sobre el Impuesto a la Renta (IR) de los años 2000 y 2001. Según explicó Arias Minaya, pese a ser una deuda ya resuelta, seguirá figurando dentro del apartado ”litigio” hasta que se pague.

Asimismo, también figura en la lista de deudores Telefónica Móviles S.A., subsidiaria de Telefónica del Perú, por una deuda total de S/221’748.546 en litigio tanto en instancias de Sunat, Tribunal Fiscal y Poder Judicial.

AL 16 DE AGOSTO DE ESTE AÑO, LA DEUDA TRIBUTARIA TOTAL DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES (PRICOS) ASCIENDE A S/22.159’796.368

Otra de las compañías con mayor deuda tributaria es Minera Las Bambas S.A., que tiene como matriz a la china MMG Limited, con un total de S/2.696’327.568, al cierre del 16 de agosto de este año. De ese monto, S/2.059’707.828 se encuentran en litigio en el Tribunal Fiscal, y el restante S/636’619.740 es una deuda nueva recién notificada y —para agosto— aún se encontraba en plazo para impugnar.

La tercera empresa con más deudas acumuladas es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Concentra más del 95% del mercado de cervezas en el país, mantiene una controversia tributaria por un monto total de S/2.207’034.570, de los cuales S/2.092’222.546 se encuentran en litigio, principalmente apelado ante el Tribunal Fiscal. Y hay un monto restante de S/114’812.024 que está en proceso de deuda recién notificada en plazo para impugnar.

En su memoria anual del año 2022, Backus solo informa que “al 31 de diciembre de 2022, se encuentra en proceso de Apelación ante el Tribunal Fiscal, las acotaciones relacionadas al Impuesto a la Renta (más intereses y multas) de los años 2004, 2005, 2009, 2013, y 2015 por S/278,43 millones; por la Disposición Indirecta de Renta de los años 2013 y 2015 por S/ 21,43 millones y por EsSalud correspondiente al año 2017 el importe ascendente a S/ 2,01 millones”.

Scotiabank Perú S.A.A., de capitales canadienses, es el banco con más deuda tributaria en controversia con el Estado peruano. Al cierre del 16 de agosto del 2023, acumula una suma de S/934’801.249. De este total, S/682’594.213 está apelado ante Sunat, S/245’784.512 ante el Tribunal Fiscal y S/6’422.524 corresponde a una demanda ante el Poder Judicial.

Por su parte, la empresa de capitales chilenos Latam Airlines Perú S.A. tiene una deuda de S/857’281.057 en litigio, de los cuales S/690’844.521 se encuentra en proceso de “reclamado”, y S/166’436.536 apelado ante el Tribunal Fiscal. Sumado a ello, Latam Airlines Group S.A. Sucursal Perú registra una deuda en litigio de S/139’913.181.

Siguen en el top 10 con más deudas tributarias al fisco peruano las empresas mineras Antapaccay, subsidiaria de la suiza Glencore, que opera en Espinar-Cusco; y minera Chinalco Perú, subsidiaria de la estatal Aluminum Corporation of China, que opera el proyecto de cobre Toromocho en Junín; y la peruana Nexa Resources.

La Compañía Minera Antapaccay S.A. acumula una deuda tributaria de S/832’713.624, de los cuales S/586’416.137 está apelado ante el Tribunal Fiscal, S/245’734.789 en demanda ante el Poder Judicial y S/562.698 es una deuda recién notificada y que —para agosto de este año— se encontraba dentro del plazo para impugnar.

Minera Chinalco Perú S.A. tiene una sola deuda que asciende a S/716’412.900 en instancias del Tribunal Fiscal.

Mientras que Nexa Resources Perú S.A.A. acumula un total de S/672’530.941. De ese monto, S/671’799.464 se encuentra en litigio y el resto de S/731.477 es una deuda notificada en plazo para impugnar. Sumado a ello, las filiales Nexa Resources Cajamarquilla S.A y Nexa Resources Atacocha S.A.A registran deudas en litigio por S/185’446.892 y S/38’699.600, respectivamente.

Finalmente, completan el ranking de grandes empresas con más controversias tributarias dos del rubro de bebidas: Ajeper S.A., del grupo Aje, con S/551’913.926 y Arca Continental Lindley S.A., embotelladora de Coca Cola en Perú, con S/357’765.363. Ambas mantienen sus deudas en litigio, en diferentes instancias como Sunat, Tribunal Fiscal y Poder Judicial.

Entre otras grandes empresas destacan las del sector minero: Compañía minera Miski Mayo (S/128’271.040), Cerro Verde (S/126’413.342), Boroo Misquichilca (S/119’171.605), Veta Dorada (S/63’523.090), IRL S/58’677.186, Los Quenuales (S/54’899.323), Chungar (S/54’318.486), Ares (S/53’487.145), Buenaventura (S/46’410.752), Volcan (S/32’124.752), Laytaruma (S/27’250.680).

Del sector alimentos figuran Gloria (S/193’219.320), Alicorp (S/78’080.928) y Pepsi Cola Panamericana S.R.L (S/32’446.205).

En tanto, del sector financiero resaltan los bancos Interbank (S/193’126.797), BBVA Perú (S/50’511.814), Citibank (S/19’953.144), y Banco del Comercio (S/17’624.566).

También están en la lista empresas del sector educación liderado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con S/168’355.175 y Universidad de San Martín de Porres (USMP) con S/135’940.186. Seguidos de Universidad Alas Peruanas (S/25’526.843), Ricardo Palma (S/22’320.900) y Universidad Peruana Unión (S/18’574.472).

Sunat impedida de cobrar

Aunque los S/22.159 millones que las grandes empresas deben al fisco peruano es un fuerte monto, la Sunat está facultada solo para cobrar de manera coercitiva apenas el 0,8% (S/171 millones) de ese total, que es la “deuda exigible en cobranza coactiva».

Estas deudas son las que los contribuyentes incluyeron en sus declaraciones juradas, pero que no fueron pagadas vencido el plazo establecido, las notificadas por la Sunat cuyo plazo para impugnar (reclamar o apelar) venció, o las que habiendo sido impugnadas fueron confirmadas definitivamente por el Tribunal Fiscal y quedado firme en última instancia administrativa.

“Únicamente respecto de este tipo de deuda tributaria pueden ejercerse las acciones de coerción para garantizar su cobro, entre otros, trabando y ejecutando medidas cautelares (embargos y remates) en aplicación de las facultades contempladas en el Código Tributario”, señaló la Sunat a OjoPúblico en el documento de respuesta al pedido de información por el Portal de Transparencia.

DE LOS S/22.159 MILLONES DE DEUDA DE GRANDES EMPRESAS, LA SUNAT SOLO ESTÁ FACULTADA PARA COBRAR APENAS EL 0,8%. EL 99,2% RESTANTE ESTÁ EN LITIGIO.

En tanto, respecto al 99,2% (S/21.988 millones) de la deuda de los principales contribuyentes, Sunat está legalmente impedida de realizar acciones de cobranza, ya que se encuentran en litigio o en plazo para ser reclamado o apelado. Es decir, deben pasar por todo un proceso previo.

El ente recaudador detalla que estás son aquellas deudas que, luego de ser notificadas al contribuyente, se encuentra dentro del plazo para ser reclamada o apelada; las que están siendo cuestionadas ante instancias administrativas como Sunat o el Tribunal Fiscal (vía reclamación o apelación, respectivamente) o impugnadas ante el Poder Judicial; y las que están incursas en un Procedimiento Concursal.

La mayor deuda en litigio —S/12.332’954.179— está en instancias del Tribunal Fiscal. Y un segundo mayor monto de S/5.233’300.240 se encuentran en el Poder Judicial, de los cuales más del 90% es deuda de Telefónica.

«Lamentablemente el sistema tributario peruano tiene una serie de vacíos en términos de sus procedimientos para la resolución de esta clase de controversias, que permite que se vayan dilatando y extendiendo en el tiempo. Y ese es un problema, que no es solo de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace ya más de 20 años», explica el economista Armando Mendoza.

El caso Telefónica

Lo de Telefónica es el caso más emblemático respecto de  las deudas tributarias en litigio, por el millonario monto de S/5.281’250.584 y por los largos años en disputa con el Estado peruano.

A inicios de este 2023, la deuda de Telefónica marcó un nuevo hito, ya que —después de 20 años— la Corte Suprema puso fin a parte de la controversia al emitir un fallo en última instancia en que se le ordenó pagarle a Sunat una deuda de alrededor de S/3.000’000.0000 (capital más intereses y moras), relacionado al Impuesto a la Renta (IR) de los años 2000 y 2001.

Lo que vendría a ser el mayor pago de la historia que la multinacional de telecomunicaciones debería darle al fisco peruano, aún no ha podido ser concretado. Pese a que en su memoria anual del 2022 la empresa española señaló que precisamente aumentaron sus “provisiones por S/1.045’000.000 para afrontar los resultados de dicha controversia fiscal”.

Este medio pudo conocer que, a inicios de octubre último la Sunat ya estaba a punto de ejecutar un primer pago de esta deuda, mediante unas cartas fianza por una suma de S/788’000.000. Sin embargo, esto no se dio debido a que dichas cartas se encontraban vencidas, por lo que la deuda sigue impaga.

OjoPúblico envió un correo electrónico con las consultas y realizó llamadas a la oficina de comunicaciones de Telefónica para recoger su versión sobre el tema. Desde dicha área recibieron las consultas e indicaron que enviarían una respuesta el lunes 16 de octubre, pero ello no se concretó.

CONTROVERSIA. En enero de este año, la Corte Suprema ordenó a Telefónica el pago de alrededor de S/3.000 millones al Estado peruano, pero a la fecha no se ha ejecutado.

Imagen: Andina

Haciendo un recuento. En enero de 2023, la Corte Suprema publicó el fallo en última instancia, con lo que correspondía que Telefónica pague su deuda de alrededor de S/3.000’000.000. Sin embargo, la empresa no lo hizo, y ante ello, la Sunat solicitó la ejecución de las cartas fianza de alrededor de S/788’000.000 prevista para iniciar con este cobro.

Es aquí donde se presentó un aletargamiento del proceso. Como las cartas fianza iniciales tenían como fecha de vencimiento el 27 de abril del 2023, Telefónica entregó al juzgado otras cartas fianza con un nuevo plazo de caducidad al 27 de abril del 2024, las cuales fueron admitidas a contracautela por parte del juez Percy Carlos Salas Ferro del 22° Juzgado Tributario y Aduanero de Lima el 17 mayo de este año mediante Resolución N°58.

RESOLUCIÓN Nº 58. El juez Percy Salas del 22° Juzgado Tributario y Aduanero de Lima admitió a contracautela las cartas fianza con fecha de vencimiento al 27 de abril de 2024.

Fuente: Poder Judicial

RESOLUCIÓN Nº 64. El juez Percy Salas del 22° Juzgado Tributario y Aduanero de Lima dispuso finalmente que se ejecuten las cartas fianza que vencieron en abril del 2023.

Fuente: Poder Judicial

Sin embargo, Telefónica apeló a dicha resolución y dos meses después —31 de julio de 2023—, la Sexta Sala Tributaria declaró nula la Resolución N°58, debido a vicios de carácter formal, pero no sobre las cartas fianza, que debían ser resueltas por el juez Salas Ferro.

Es así que el 11 de setiembre de 2023, el juez Percy Salas Ferro emitió una nueva Resolución Nº64, en la que cambió las fechas de vencimiento. Ya que ordenó que se ejecuten y se haga entrega a la Sunat —para su respectivo cobro— las cartas fianza que ya habían vencido el 27 de abril de 2023, y no las vigentes hasta el 2024 como correspondía.

Según pudo conocer este medio, Sunat pidió aclaración al juez Salas Ferro respecto a la fecha de vencimiento de las cartas fianzas, ya que se deberían ejecutar las que tienen como plazo a abril del 2024. No obstante, el letrado ratificó —mediante la Resolución Nº66— que se ejecuten las cartas vencidas en abril de 2023, es decir, cinco meses atrás de dicho pronunciamiento.

RESOLUCIÓN Nº 66. Telefónica alegó que «no existe un monto determinado y cierto de la deuda», y pidió que no se consideren los intereses moratorios, amparándose en sentencia del TC.

Fuente: Poder Judicial.

Esta última decisión hizo que a la fecha no se haya podido iniciar con el cobro de la millonaria deuda de Telefónica, y trascendió que la Sunat apelaría para que se corrija y se disponga la ejecución de las cartas aún vigentes hasta el 2024. Sin embargo, este proceso podría demorar unos meses más —e incluso al próximo año— hasta que nuevamente se pronuncie la Sexta Sala Tributaria.

Mientras tanto, se mantiene impaga la deuda de Telefónica que el Estado peruano ya tenía previsto empezar a cobrar este año.

Es preciso señalar que también Telefónica pidió que no se consideren los intereses moratorios, según queda registrado en la Resolución Nº 66 del 22° Juzgado Tributario y Aduanero de Lima. La empresa española alegó acogerse a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que generó un precedente en estos casos, pero dicho pedido fue rechazado por el juez por no ser de su competencia.

Como se ha expuesto en este informe, desde que una deuda tributaria es notificada por la Sunat, puede pasar un largo periodo de litigio hasta llegar a una última instancia que determine que la empresa pague dicha deuda. Sin embargo, el caso de Telefónica es un claro ejemplo de que, pese a tener un fallo final favorable, pueden surgir más problemas posteriores que impiden la ejecución del pago a las arcas fiscales.

por :OjoPúblico